La actriz argentina Luisana Lopilato sufrió un duro revés judicial este martes en Uruguay, luego de que un tribunal rechazara su demanda por más de dos millones de dólares y fijara una indemnización mínima. El fallo puso fin a años de litigio originados por el uso indebido y prolongado de su imagen en una publicidad filmada en 1994, cuando tenía 7 años, ya que los jueces desestimaron los reclamos por daño moral y participación en ganancias al considerar que no se acreditó un perjuicio personal ni un impacto directo en los beneficios económicos de la empresa.
Uruguay: revés judicial para Luisana Lopilato y le fijaron una cifra insólita
17 de noviembre de 2026

Es su cara, es su imagen pero de hace 30 años atrás, cuando todavía era una niña, pero para el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno eso no alcanzó para justificar el reclamo millonario. Este martes, los jueces rechazaron la mayor parte de la demanda impulsada por la actriz contra la multinacional Prosegur y Nautiland S.A., firma propietaria de la compañía de seguridad Punta Systems.
El litigio tuvo su origen en la utilización de su rostro para una campaña publicitaria protagonizada durante su infancia —un aviso emitido desde 1996 en el que dialogaba con un osito de peluche—, cuya gráfica se replicó además en carteles y vehículos de la empresa, lo que motivó que la exigencia económica escalara con el tiempo por encima de los u$s 2 millones.
En su resolución, la Justicia aceptó el pedido de prescripción presentado por Prosegur y desestimó casi la totalidad de las exigencias dirigidas hacia Nautiland. No obstante, el fallo determinó que la firma deberá abonar a Lopilato una compensación de u$s4.000 en concepto de lucro cesante, sumado a los intereses legales correspondientes.
Cómo fue el reclamo millonario de Luisana Lopilato
La demanda de la actriz se basó en que su imagen no solo se emitió por televisión, sino que también se imprimió durante años en camionetas, folletos y carteles de la empresa de seguridad. Por ese uso prolongado, Lopilato exigió más de 2 millones de dólares: pidió 25.000 por daño moral, 50.000 por lucro cesante y el 15% de las ganancias que obtuvieron las firmas involucradas, incluida la multinacional Prosegur, que había comprado la compañía en 2009.
Al evaluar el expediente, los jueces verificaron que los padres de Luisana habían autorizado por escrito la publicidad original en 1994, por lo que el problema no fue la falta de permiso sino el tiempo excesivo de difusión.
Aunque no apareció el contrato original, el tribunal calculó que el acuerdo inicial duró un año, pero comprobó que la empresa siguió usando su foto hasta 2006, correspondiendo entonces pagar por una década extra.
Para definir la cifra final, la Justicia tomó como base los 400 dólares que su padre declaró haber cobrado por aquel primer trabajo y multiplicó ese valor por los diez años de uso sin permiso, fijando así una indemnización de 4.000 dólares más intereses. Además, los magistrados libraron de culpa a Prosegur al aceptar que la causa en su contra había prescrito, dejando a Nautiland S.A. como la única empresa obligada a pagar.

