América Latina entra en una nueva era de vigilancia estatal

En Colombia, una empresa contratada para mejorar la imagen del Gobierno terminó elaborando una lista de 486 usuarios de X. No estaban ordenados por cantidad de seguidores ni por frecuencia de publicación. La clasificación distinguía entre quienes tenían una posición favorable, neutral u opositora frente a la administración.

En Uruguay, un adolescente fue detenido después de que la Policía lo confundiera con otra persona que tenía su mismo nombre en redes sociales. En México, una investigación sobre documentos militares filtrados reveló la adquisición de un programa capaz de monitorear a usuarios críticos del Ejército y reconstruir sus relaciones digitales.

Los tres episodios tienen algo en común: muestran cómo información aparentemente cotidiana puede adquirir un significado completamente distinto cuando termina en manos de organismos estatales. Son parte de los casos recopilados en En la mira 2: un panorama de las amenazas digitales en América Latina, una investigación de la organización Derechos Digitales, elaborada junto con el Observatorio Latinoamericano de Amenazas Digitales (OLAD).

El documento examina incidentes registrados entre junio de 2024 y mayo de 2025. Su advertencia principal no es que todos los gobiernos estén construyendo el mismo sistema de vigilancia, sino que sus posibilidades de controlar información crecen más rápido que los mecanismos disponibles para supervisarlos.

Ya no hace falta intervenir un teléfono para saber mucho sobre una persona

Durante décadas, espiar a alguien implicaba seguir sus movimientos, intervenir sus comunicaciones o acceder físicamente a documentos. Las nuevas tecnologías permiten agregar otra posibilidad: analizar información que las personas publican voluntariamente y utilizarla para establecer categorías, vínculos y patrones de comportamiento.

El informe distingue entre el ciberpatrullaje y el perfilamiento digital, dos prácticas relacionadas, pero diferentes. En el primer caso, las autoridades monitorean actividades en internet con objetivos de investigación o control. En el segundo, pueden clasificar a los usuarios según sus publicaciones, opiniones o posiciones políticas.

Brasil ofrece otro ejemplo. En 2024 se conoció una licitación del Gobierno federal para contratar servicios capaces de analizar publicaciones en redes sociales, identificar emociones mediante inteligencia artificial y medir su popularidad. En México, según una investigación recogida por Derechos Digitales, la Secretaría de Defensa había adquirido en 2020 el software israelí HIWIRE, diseñado para monitorear usuarios, analizar sus interacciones e incluso utilizar cuentas falsas para aproximarse a determinados objetivos.

La diferencia entre observar una conversación pública y elaborar un perfil individual a partir de ella no es menor. Que una publicación pueda leerse sin contraseña no significa que su recopilación sistemática carezca de consecuencias para la privacidad. Estos casos aparecen en el capítulo de vigilancia del informe, que también remite a una investigación específica sobre perfilamiento y ciberpatrullaje en América Latina.

De las redes sociales a las calles: la vigilancia también aprende a reconocer rostros

El fenómeno no se limita al mundo digital. En São Paulo, el sistema Smart Sampa comenzó a desplegarse a finales de 2024 para identificar personas buscadas mediante cámaras y reconocimiento facial. El informe recoge que más del 8% de las personas arrestadas gracias al sistema fueron liberadas posteriormente por errores. Entre los episodios documentados figura el de un hombre de 80 años identificado equivocadamente como agresor sexual.

En Paraguay, la organización TEDIC investigó la instalación de sistemas de reconocimiento facial en al menos trece instituciones públicas, sin un marco específico de regulación ni evaluaciones de impacto en derechos humanos.

Argentina también aparece en el documento. La Resolución 710/2024 creó una unidad especializada en inteligencia artificial aplicada a la seguridad, con facultades que incluyen el análisis de imágenes, redes sociales y patrones relacionados con posibles delitos.

Estos instrumentos tienen finalidades de seguridad pública declaradas y pueden ofrecer herramientas útiles para investigaciones. Pero su existencia plantea otra cuestión: cómo verificar que se utilicen exclusivamente para esos objetivos y qué recursos tiene una persona cuando resulta perjudicada por una identificación equivocada.

El costo de ser vigilado puede continuar incluso después de que termine el espionaje

Quizás uno de los aspectos menos evidentes del informe aparece cuando deja de hablar de programas y empieza a describir sus consecuencias humanas. A partir de entrevistas realizadas por Fundación Acceso a periodistas y defensores de derechos humanos de Centroamérica, la investigación recoge experiencias de ansiedad, insomnio, cambios de domicilio o rutinas, gastos de seguridad y, en algunos casos, exilio después de episodios de espionaje digital.

El daño no termina necesariamente cuando se elimina un programa malicioso. Puede modificar la manera en que una persona trabaja, se comunica y participa en la vida pública. Para Derechos Digitales, ese efecto ayuda a explicar por qué la discusión no puede reducirse a determinar si una tecnología funciona correctamente.

El informe tampoco pretende establecer un ranking de países. Sus autores aclaran que los incidentes disponibles dependen de las posibilidades de documentación, la cobertura periodística y las condiciones para investigar en cada territorio. Aun así, los casos permiten reconocer una transformación regional: cámaras que identifican rostros, herramientas que agrupan opiniones y sistemas capaces de relacionar grandes cantidades de información están ampliando las capacidades estatales.

La cuestión pendiente es qué sucede cuando esas tecnologías fallan o se utilizan de manera indebida. Porque identificar a una persona es cada vez más sencillo. Conseguir que el Estado explique por qué lo hizo, con qué datos y bajo qué autorización sigue siendo una tarea considerablemente más difícil.